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miércoles, 11 de abril de 2012

Cuando la explotación sexual es negocio, la violencia se disfraza de turista.

Desde la Cátedra Abierta de Género de la UNPSJB, sede Trelew, hacemos público nuestro malestar por el proyecto del gobierno de Nestor Di Pierro que intenta promover la prostitución como “atractivo turístico”. Repudiamos dos fundamentos sobre los que insiste la funcionaria  Jozami para sostener este proyecto:



1) Los controles sanitarios de los “servicios sexuales” para proteger a los clientes. Esta afirmación implica seguir estigmatizando a las mujeres y continuar avalando las prácticas de varones prostituyentes que siempre implican algún grado de violencia. La salud  física y psíquica de las mujeres no parece ser un tema de preocupación para este gobierno. Entonces ¿considera el gobierno que en Comodoro Rivadavia hay habitantes de primera y de segunda? Se considera que hay seres humanos que pueden pagar un servicio y a los que hay que proteger y otras/os de segunda, llevadas a la prostitución por falta de oportunidades laborales y por el descomunal costo de vida de la ciudad petrolera.  



2) “No sólo es (para) regular y cuidar sanitariamente, sino que hay muchos países que generan estos espacios que desarrollan también los aspectos turísticos, como Holanda.” Por si el gobierno no sabe, la desigualdad y la violencia hacia las mujeres es un problema mundial. Que la prostitución -actividad en donde las mujeres son golpeadas, abusadas e incluso asesinadas- sea pensada como “atractivo” da cuenta no sólo de un desinterés en el cumplimiento de los derechos civiles, sociales y culturales de las mujeres y transexuales que habitan Comodoro; sino también de un flagrante desconocimiento de las conclusiones que arrojan informes internacionales en relación a las zonas rojas en diferentes partes del mundo. Estos informes hablan de tráfico y pedofilia entre otras cosas. Las zonas rojas no hacen más que promover un sistema hipócrita que niega e invisibiliza con lo que se lucra.



Si las rutas del petróleo son las mismas que las del tráfico de persona, por un lado el Estado tiene el deber de resguardar las condiciones laborales de los trabajadores del petróleo que son arrancados de su vida familiar, de sus viviendas y sometidos a una cantidad de horas de trabajo que ningún sueldo puede justificar. Todas y todos tenemos derecho a que nuestros empleos sean bien remunerados sin que por ello se nos vaya la salud, el tiempo de descanso y la calidad de nuestras maneras de vivir y, con ello, la vida toda.



Asímismo es vergonzoso que el Estado quiera tranquilizarnos argumentando que los prostíbulos estarán lejos de las escuelas. Acaso el mensaje es: le escondemos la realidad a los niños y niñas y les decimos que las prostitutas no existen o no son mamás que van a buscarlos a las escuelas, que no son hermanas, ni hijas; que son “otra cosa” lejana a la “sociedad normal”. Pero a esos mismos niño/as una vez adultos, los alentamos a ser prostituyentes garantizándoles “turismo sexual” “sin enfermedades”. ¿Acaso Jozami y Di Perrro piensan la prostitución como posible salida laboral para sus hija/os?



Mientras tanto de Araceli, mujer trans que se prostituía en Comodoro, desaparecida en dicha ciudad hace ya varios años, no se sabe nada.



Exhortamos a que el gobierno haga políticas públicas que apunten a la integridad física y psíquica de las mujeres, que promuevan la salida de la pobreza, el trabajo en blanco con la correspondiente cobertura social y que destierre la connivencia necesaria entre poderes públicos y traficantes, indispensable para el tráfico de personas para la explotación sexual.



 Por una sociedad libre de violencias  y cosificación de los cuerpos. Sres y sras. funcionario/as: ¡¡NO QUEREMOS UN ESTADO PROXENETA!!



Cátedra Abierta de Género

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