(A W) César Antillanca estuvo en Buenos Aires para organizar
el inicio de una campaña de visibilización y denuncia denominada
"Violencia institucional e impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro".
El 5 de septiembre se cumplen dos años de la muerte de su hijo Gonzalo Julián,
asesinado a golpes por policías de la comisaría cuarta de Trelew. En marzo de
este año, pese a pruebas contundentes y un testimonio clave, el crimen quedó
impune porque los acusados fueron absueltos por la justicia.
Liliana Giambelluca (Especial para Agencia Walsh)
César Antillanca sabe qué pasó con su único hijo varón
durante la madrugada del 5 de septiembre de 2010. Sabe que fue a bailar y que a
la salida un grupo de policías le dieron una golpiza en la rotonda 5 de Octubre
y lo mataron. Lo sabe porque la autopsia reveló que el deceso fue resultado de
fuertes golpes que recibió en la nuca y una chica le contó que vio cuando los
policías sacaron el cuerpo de Julián del patrullero y lo "tiraron" a
la calle. También sabe que un perito informó que había sangre de su hijo en el
móvil policial.
Lúcido y mesurado, César quiere ser "prudente" en sus
expresiones. Paradoja: busca las palabras adecuadas para explicar procederes
inadecuados de policías, jueces y poder político. Asesinos unos y encubridores
otros.
Ana Laura Servent, Alejandro de Franco e Ivana González son
los jueces que el 19 de marzo de este año dictaron la absolución de todos los
imputados en la causa de Gonzalo Julián Antillanca porque estimaron que no
había elementos "suficientes" para condenar a nueve policías y a una
civil acusada de encubrimiento.
Durante el juicio se logró la verdad formal necesaria para
una condena, pero los jueces, por imperio de "la duda" y la
desestimación de "la probabilidad", no condenaron a los culpables,
¿por qué cree que fallaron de ese modo?
¿Quiere decir que para eximir a los culpables de cumplir una
condena se desestimaron las pruebas?
La arbitrariedad, sumada a evidentes agravios, dio origen a
la presentación de un Recurso Extraordinario al Tribunal Superior, donde se
pide la anulación del fallo y con ello la posibilidad de un nuevo juicio.
Absolutamente. Además, este es un fallo de clase también. Es
una condena social histórica.
La ignorancia y el fanatismo implican una pérdida completa
de la posibilidad de razonar. Cuando ellos eligen pegarle a determinada franja
de personas cometen un delito clasista y cultural que no está tipificado en el
Código Penal. La estrategia del control social necesita de estos delitos.
Así es, por eso el fallo fue un dolor muy grande para muchos
chubutenses porque aquellos que alguna vez fueron abusados, avasallados y
ultrajados en su dignidad, por lo menos esperaban una suerte de devolución por
parte de la justicia, donde era tan clara la culpabilidad policial. Fue una
derrota tremenda en lo que tiene que ver con las luchas reivindicativas
sociales.























