Ayer, 25 de enero la ministra de Educación, Mirtha Romero inauguró el ciclo lectivo de las escuelas rurales en la localidad de Piedra Parada. En su discurso inaugural informó sobre la creación de un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. Este anuncio se suma al de la puesta en marcha de la prueba piloto del nuevo secundario en 50 escuelas de la provincia. También, y siguiendo en el plano de los “avisos ministeriales”, ya se oficializó y es de público conocimiento el calendario escolar que incluye los 191 días de clase para el 2010. Todos estas novedades representan DECISIONES AUTORITARIAS SIN CONSENSO.
Es evidente que el gobierno provincial no considera a los docentes y a sus representantes, interlocutores válidos para tratar temas de trascendental importancia como los son la nueva Ley de Educación, la “refundación” de la escuela secundaria, la cantidad de días de clase por periodo, los diseños curriculares, o la escala salarial. O no son consultados y el gobierno decide arbitrariamente y alentado, más por la necesidad política del momento que por el deseo de atacar las problemáticas estructurales del sistema educativo; o son consultados (para hacer gala de un espíritu democrático del que carecen nuestros gobernantes) e ignorados, ya que la experiencia indica que jamás aporte alguno de los docentes, modificó en lo más mínimo una decisión ministerial.
Es tristemente cierto que nuevamente somos testigos mudos de cómo el gobierno decide, diagrama, manipula y define a nuestras espaldas, nuestro trabajo, salario y futuro. También es cierto que nuestra pasividad y tolerancia alienta el manejo discrecional que, sobre nuestro destino y el de la educación, realizan nuestros dirigentes.
Desde Espacio Docente exigimos al gobierno provincial en la persona de la Ministra Mirtha Romero, que convoque de forma inmediata a los tres sindicatos docentes para discutir y consensuar la nueva Ley de Educación Provincial.
Proponemos el debate en las escuelas y la formulación de documentos que aporten desde la experiencia concreta de los docentes, a la conformación de un modelo educativo realmente inclusivo y justo, con el que todos los sectores de la sociedad se sientan identificados.
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