Por Eduardo Grüner
1. Cuando ocurrió el conflicto con “el campo”, en el 2008, una de las
consecuencias “íntimas” o “cotidianas” que más lugar ocupó en los
comentarios registraba la división (ideológica, política, y aún
“actitudinal”) en el interior de las familias, los grupos de amigos, los
compañeros de trabajo, los colegas de la facultad, los vecinos, incluso las
parejas. Los que hasta entonces estaban afectivamente cercanos se alejaban,
y aún se enemistaban. En las reuniones familiares o los cumpleaños se
evitaba prudentemente el tema, hasta que alguien no aguantaba más; entonces
bastaba el más tímido o alusivo de los enunciados, para que estallara la
bronca contenida de uno u otro lado, y ahí “se pudría todo”. Se comparaba
ese estallido de las redes que hasta allí parecían indiscutibles con lo que
había sucedido durante el primer peronismo, o incluso durante la guerra
civil española: una manifiesta exageración, sin duda. Pero exagerada o no,
era una interesante micro-sociología a lo Erving Goffman, o algo así.
¿Pasará lo mismo ahora? ¿Soportarán nuestros amigos, colegas, vecinos,
etcétera, que les digamos que lo que veníamos percibiendo como “giros a la
derecha” aparecen condensados en este verdadero volantazo que ya deja
cerca de cero resquicio a la duda? ¿Valdrá la pena, aún así, la discusión?
Miguel Briante (alguien a quien siempre recuerdo con enorme cariño) solía
decir –creo que citando a Chesterton- que “por un buen chiste, vale la pena
perder un amigo”. Pero, claro, esto no es un chiste, ni bueno ni malo. Y,
pensándolo bien, tampoco es en nada comparable a lo del 2008. Porque aquello
–que algunos pensábamos que era una “interna” de la burguesía- de todas
maneras parecía ser en contra de lo que se ha dado en llamar (no por
primera vez en la historia) el gobierno nacional y popular. Esto no. Esto
viene del gobierno nacional y popular.
2. El gobierno nacional y popular tiene ahora, para empezar, y entre
muchos otros, un problema “semántico”: ¿puede ser “nacional” un gobierno que
resigna su soberanía nada menos que para dictar leyes, sometiéndose a las
presiones de un organismo económico internacional como el GAFI, comandado a
control remoto por el Imperio? ¿puede ser “popular” un gobierno que propone
leyes “antiterroristas” que, en manos de jueces conservadores o simplemente
desaprensivos, podría castigar con severas penas de cárcel a unos obreros
que ocupen una fábrica, unos campesinos que protesten por la contaminación
de la minería a cielo abierto, unos maestros que instalen “carpas blancas”
demandando aumento de salarios? ¿se puede seguir diciendo que un gobierno
que hace eso no “criminaliza” o no “judicializa” la protesta social? La
réplica de que la ley introduce una cláusula explícitamente aclaratoria de
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